Para julio, Auditoría Superior determinará quiénes son los funcionarios responsables de las irregularidades de 2017

Ya fuimos notificados y estamos analizando para definición de sanciones que instruyó el Congreso, explicó Héctor Acosta Félix, auditor Superior del Estado

La Auditoría Superior, anunció que el análisis sobre quiénes son los funcionarios responsables de las irregularidades señaladas por el Pleno del Congreso del Estado respecto a la Cuenta Pública 2017 estará listo para este primer semestre y se determinará si se inicia un proceso penal, administrativo o qué tipo de sanciones corresponde.

Anteriormente estas revisiones tomaban años, mientras que ahora se realizará en seis meses, enfatizó el auditor superior del Estado, quien agregó que luego de recibir la notificación formal del Congreso del Estado indicándole determinar las responsabilidades, iniciarán con las denuncias individuales sobre los funcionarios de esta administración que resulten responsables por las observaciones hechas a la Cuenta Pública 2017.

La Auditoría Superior del Estado realiza el análisis para determinar quiénes son las y los funcionarios de cada secretaría con responsabilidad por las observaciones graves que no fueron atendidas, de las cuales la Comisión de Fiscalización dictaminó que era necesario proceder a una acción penal o administrativa, lo que fue aprobado en el pleno del Congreso del Estado.

En el documento, indicaron irregularidades del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) y la Secretaría de Salud.

En el caso de la JMAS, una de las irregularidades fue que personal sin autorización para condonaciones arriba de los 20 mil pesos autorizó montos arriba de los 200 mil pesos. Otra de las irregularidades en la misma institución fue que ésta celebró contrato con una persona que ya tenía un cargo público en el Municipio de Chihuahua.

En entrevista con el auditor superior del Estado, licenciado Héctor Acosta Félix, explicó que en el primer semestre se atenderá la instrucción del Congreso y ahorita están diferenciando entre faltas graves o menores.

La mera inexistencia de reglas de operación se considera una falta menor, pero si por esta ausencia se benefició a alguien que no correspondía entonces es una falta grave, explicó Acosta Félix.

En sí, la ausencia de reglas de operación es una falta menor, la gravedad depende de a quién se haya beneficiado: auditor superior

El auditor, apuntó a que esta observaciones a la cuenta pública sí pueden ser sancionadas con los mecanismos que existen actualmente. Si son menores se presentarán ante la Secretaría de la Función Pública como una acción administrativa, la cual actualmente pertenece al Poder Ejecutivo y está a cargo de Stefany Olmos.

Si son faltas graves entonces se generará una acción penal y se presentará ante el Tribunal Superior de Justicia, como actualmente no se encuentra activo el Tribunal Administrativo que debería integrarse por 3 magistrados, entonces puede conocer y resolver sobre ello el pleno del Supremo y el caso será turnado por la Presidencia del Poder Judicial, actualmente a cargo del magistrado Pablo Héctor González.

Una vez que hay una presunta responsabilidad se lo envían al Tribunal de Justicia Administrativa que aún no está creado, por lo cual se vuelve competencia del Poder Judicial del Estado. Enfatizó que con el procedimiento anterior no existe una laguna legal, ya se lleva a cabo todo el proceso y lo único que hace falta es la creación del Tribunal de Justicia Administrativa.

Para hacer este estudio en las cuentas públicas el auditor Héctor Acosta, indicó que tomará el primer semestre de 2019, reduciendo esto hasta un 50% del tiempo en el que se venía haciendo con anterioridad, pues el proceso terminaba después de un año.

El auditor, dijo que en el tema de la creación del Tribunal de Justicia Administrativa y la creación de su Ley Orgánica ya realizó un exhorto para completar el sistema.