En 2018 hubo 969 casos de violación sexual en el estado de Chihuahua: Deyanira Ozaeta

En representación de Marea Verde, la diputada Deyanira Ozaeta Díaz pidió una campaña y capacitación al personal médico de la salud pública sobre la NOM-046

Este 22 de enero la diputada Dyanira Ozaeta Díaz, presentó una iniciativa con punto de acuerdo para a la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua, a fin de que se realice una campaña de información sobre la Norma Oficial Mexicana NOM-046 y la capacitación continua del personal médico para su aplicación, esto en representación de Marea Verde Chihuahua.

En exposición de motivos, la diputada, expresó que de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 2018 fueron denunciados 969 casos de violación sexual en el estado y estas cifras se mantienen en promedio en los tres años anteriores. Esto convierte a la entidad a nivel nacional una de las más indecisas en el tema de violaciones sexuales.

Explicó también que en 2009 fue creada la NOM 046-SSA2-2005, la cual rige en todo México para atender las consecuencias que la violencia sexual tiene en la vida de las mujeres, niñas y adolescentes, sin embargo, a pesar de ello su difusión es nula y pocas mujeres saben sobre sus derechos a ser atendidas por las instituciones públicas en el caso de violación sexual.

En 2016 la norma fue modificada en la normalización de la ley General de Víctimas y se contemplaron cambios significativos como acceder a los servicios no solamente para la interrupción del embarazo, sino para recibir anticonceptivos de emergencia o medicamentos retrovirales para evitar el contagio del VIH.

Asimismo, se estableció que cuando una menor de 12 años que haya sufrido una agresión sexual y resulte embarazada, tiene derecho de acudir a cualquier centro de salud público para interrumpir su embarazo, sin necesidad de presentar una denuncia, ni de autorización por parte de algún ministerio público o juez, así como tampoco necesita del consentimiento del padre, madre o tutor.

Sin embargo, aún se imponen las creencias por encima de las víctimas, lo que genera un obstáculo para acceder a sus derechos, por lo anterior se pide la capacitación del personal médico del sector público.

En este sentido la diputada, dijo que es necesario  que el personal de salud sepa que no está obligado a verificar el dicho de cualquier mujer y debe actuar de buena fe, pues así lo marca ley. Además de que se respetará la objeción de conciencia, pero las instituciones públicas deberán contar con personal capacitado no objetor de conciencia, y si al momento de la solicitud no hay personal capacitado, se tendrá que trasladar a la víctima a un lugar donde sí pueda ser atendida, pues resaltó que éste no es un favor, sino un derecho.