Chihuahua es el Estado con mayor número de medidas cautelares ordenadas buscando proteger a defensores de Derechos Humanos
«El mundo existirá hasta cuando el último pino siga bailando» frase ralámuli, sin embargo quienes defienden a sus pinos siguen muriendo en la misma región de la sierra tarahumara.
Hoy 5 de febrero han pasado 21 días desde el asesinato del líder indígena, Isidro Baldenegro en la comunidad Coloradas de la Virgen, en 2005 Baldenegro, el defensor del bosque raramurí fue galardonado con el premio Internacional Goldman, por su trabajo con el medio ambiente y el 16 de enero fue localizado sin vida.
El día último de enero del presente año, la asociación Alianza Sierra Madre denunció el secuestro de otro defensor de los derechos de tierras en la sierra tarahumara, Juan Ontiveros Ramos, quien fue encontrado sin vida el día primero de febrero en la misma región que Isidro Baldenegro.
El 20 de enero Juan Ontiveros, había acudido a la Cd. de Chihuahua para reunirse con personal de la unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y con otras autoridades, para participar en una discusión del análisis de la situación de seguridad y el despojo territorial de la comunidad.
Parte de su labor como defensor, en octubre del año 2015, Juan Ontiveros, presentó su testimonio sobre la problemática de violencia que existe en la sierra a través de un video que fue entregado a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en una reunión de implementación de medidas cautelares.
La comunidad indígena de Choréachi, Guadalupe y Calvo en grave situación histórica de homicidios de líderes indígenas defensores de derechos humanos, sus muertes siguen en la impunidad
La comunidad de Choréachi, en el municipio de Guadalupe y Calvo en Chihuahua, tiene graves antecedentes de ataques a personas defensoras de derechos humanos, así como hostigamiento general a los pobladores, esto a causa de la ocupación de su territorio por grupos de delincuencia organizada y “tala montes”.
Desde hace aproximadamente 40 años, han sido asesinados 18 defensores de derechos humanos y líderes indígenas, cuatro de ellos han muerto en los últimos años, dos en menos de 15 días, a principios del 2017. En el año 2013 fueron privados de la vida los defensores Jaime Zubia Cevallos y Socorro Ayala, sus muertes aún siguen sin esclarecerse.
En el año 2014, varias organizaciones de la sierra tarahumara enviaron una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el caso de Prudencio Ramos Ramos, Ángela Ayala Ramos y sus respectivos núcleos familiares.
Tras determinar la gravedad del caso, la comisión solicitó a México que adoptara las medidas necesarias para resguardar la vida de los solicitantes y para que pudieran realizar su labor de defensa a favor de los derechos humanos sin ser objeto de violencia, así mismo, pidió que se investigaran los hechos ocurridos, para evitar su repetición. Las agresiones en contra de la comunidad de Choréachi ha sido un problema que ha perdurado durante años y que se ha vuelto más grave en los últimos dos meses.
Cabe destacar que Chihuahua, es el Estado que cuenta con el mayor número medidas cautelares otorgadas a personas defensoras de derechos humanos en México. Es importante mencionar que no es la primera vez que se denuncia la problemática, como prueba en 2013 una de las principales denunciantes de la situación en la comunidad no pudo regresar porque los agresores se enteraron de ello y le amenazaron de muerte. Al día de hoy aún continúa desplazada de manera forzada.
Por lo anterior, la Red Nacional de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos, demanda seis acciones urgentes para la protección de los activistas. Además se exige se proteja a la comunidad de Choréachi y otras comunidades indígenas, brindando seguridad a la vida, al patrimonio natural y cultural del pueblo rarámuri.
Se inició una acción urgente, de firmas en apoyo a la comunidad de Choreachi quieres saber de que se trata, http://redtdt.org.mx/?p=7884
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