¿Se puede o no beneficiar a una empresa que se disolvió en 2011 pero certifica su calidad en 2014?: Controversia JMAS – PRI
Mientras el PRI denunció que JMAS beneficiará a la empresa Atlatec con mil millones de pesos a través de una adjudicación directa, Emmanuel García representante de jurídico de la Junta Central de Agua y Saneamiento señaló que Municipio se encuentra elaborando las bases del proceso de licitación y además la empresa Atlatec S.A de C.V se encuentra en un proceso de liquidación.
El 19 de septiembre el representante del Comité Estatal del PRI, Fermín Ordoñez denunció a la Junta Municipal de Aguas, a Javier Corral y a Roberto Lara por beneficiar a la empresa Atlatec S. A. de C. V. con mil millones de pesos en adjudicación directa.
El representante del PRI señaló que en el decreto aprobado por mayoría del PAN al finalizar la anterior legislatura se autoriza la contratación de un planta tratadora de agua a largo plazo y contaba con una cláusula en donde se establecía que JMAS podía operar discrecionalmente el fideicomiso con método alterno de pago de 930 millones de pesos.
El 20 de septiembre la Junta Municipal de Agua emitió un comunicado expresando la adjudicación directa era imposible para las plantas tratadoras a Atlatec, argumentando que dicha empresa se encontraba en proceso de liquidación. Señaló también que personal especializado de la JMAS se trabaja en la elaboración de las bases del proceso para la licitación pública.
Si Atlatec se disolvió en 2011, ¿cómo logró ser evaluada satisfactoriamente tres años después y hasta el 2017?
Emmanuel García enfatizó que Atlatec fue disuelta puesta en liquidación y apuntó que de acuerdo con el historial registral que se encuentra en el Registro Público de la Propiedad, esta persona moral en Chihuahua inició su disolución ante la asamblea el 16 de febrero de 2011.
Además, el encargado del jurídico de JMAS, señaló que el proceso de licitación pública será transparente 
para que todas las personas puedan seguir las asignaciones y empresas que participarán, por lo que es muy pronto para afirmar que la contratación se adjudicará a una empresa en específico.
Sin embargo, pese a la directa afirmación del titular de JMAS, es la misma empresa Atlatec en su página oficial quien refuta la disolución pues presenta para amparar las posibles actividades que se dieran en Chihuahua un proceso de certificación de calidad del año 2014, es decir, 3 años después de la supuesta disolución que afirma el Roberto Lara.
La operación Chihuahua fue certificada en procesos de calidad el 31 de julio del 2008 y fue evaluada para mantener la certificación de Royal Charter el 11 de junio de 2014 pese a su presunta disolución anunciada por la Junta de Agua. El certificado firmado por Gary Fenton como director de certificaciones globales amparó a la firma hasta el 30 de julio de 2017.
Lograron firmar convenio con una empresa que existió legalmente hasta una semana después
Lo cierto de todo esto es que desde el 2001 durante la administración de Francisco Barrio como Gobernador del Estado, Atlatec ha sembrado controversia, pues desde ese entonces la citada empresa, que tenía a la familia del senador panista, Gustavo Madero como accionista estuvo a cargo de las plantas tratadoras norte y sur de Chihuahua.
Se abrieron carpetas de investigación respecto a las licitaciones en las cuales se encontraron algunas irregularidades. El convenio de operación de las plantas se firmó con Atlatec Monterey, sin embargo, esta empresa, mediante la firma de un segundo convenio cedió sus derechos a Atlatec Chihuahua empresa que no existía legalmente en ese momento y cuya protocolización ante el Registro Público de la propiedad realizó una semana después del convenio de sucesión de derechos.
Esta problemática sobre las licitaciones y beneficio a la empresa Atlatec es un tema de más de 26 años entre el PAN y el PRI.
