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Catalina denunció a diputados la muerte de su hijo tras desalojo de Asentamientos Tarahumares

La discapacidad y abuso fue fatal para Catalina y sus dos hijos

El abuso contra mujeres que migran de la sierra tarahumara en busca de encontrar la subsistencia por las difíciles condiciones que sus comunidades enfrentan llegó a ser fatal para sus hijos.

Este es el caso de Catalina, denunciado ante la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, cuando un grupo de traductoras, así como la Consejera de Derechos Humanos, María del Refugio Bustillos presentaron el caso de desalojo y fallecimiento de uno de sus hijos.

Catalina vivía en el asentamiento Carlos Arroyo, llegó de la sierra en busca de auxilio médico para sus hijos, pues el mayor sufría esquizofrenia y el menor tenía una discapacidad motriz que ella consideraba incurable en la sierra.

Sin embargo, esta búsqueda del derecho a la salud significó su tragedia, pues los reclamos del administrador del asentamiento, Eleazar Sánchez Ramos terminaron en un desalojo irregular de la vivienda.

Durante una tarde, Eleazar, ayudado por dos personas llegó al hogar de Catalina, sin mediar siquiera aviso a la policía municipal, como cualquier ladrón rompieron los candados y abrieron la vivienda, tomaron las pertenencias de Catalina y las sacaron de la casa, informaron las denunciantes ante en el piso 18 del Congreso del Estado.

El administrador le informó a Catalina que ya no podía vivir ahí porque no había pagado y quebrantaba el reglamento, pero ante sus lamentos Eleazar le dijo que si no daba problema la llevaría a otro lugar, entonces subieron sus cosas a una pic up, junto con Catalina y sus 2 hijos.

Eleazar llevó a Catalina y sus 2 hijos a un terreno donde había un pie de casa abandonada ubicada en la colonia Ávalos, la dejó ahí con la promesa de que si no daba problemas, él volvería con comida.

Sin embargo, Catalina no recibió ayuda, cuando entendió que Eleazar no volvería, decidió empezar a buscar ayuda y encontrar la sobrevivencia de sus hijos, ella tenía que caminar durante dos horas para llegar al centro de a ciudad y pedir que se le apoyara con alimentos.

Esta nueva dinámica de vida trajo fatales consecuencias su hijo con discapacidad motriz falleció debido a la complicación que significó este cambio de condiciones y su otro hijo con esquizofrenia se perdió del lugar donde estaba la familia, terminó en situación de calle deambulando por la ciudad.

Durante la exposición de los hechos las denunciantes informaron que la Fiscalía General del Estado no ha prestado la ayuda necesaria por no aceptarles las denuncias sin un traductor, pero tampoco ofrecer alguno.

En la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas no han encontrado apoyo, les asignaron un enlace pero esta persona no ha dado seguimiento por lo que se presentaron ante la junta de Coordinación Política.

Luego de esta presentación, durante la sesión del Congreso del 6 de febrero, el diputado del Partido Verde, Hever Quezada presentó un exhorto hacia la COEPI y la Fiscalía General del Estado para que atienda el problema presentado.

El exhorto que será resuelto por la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas que preside la Diputada del PRI, Imelda Beltrán. Solicita a la COEPI se sirva a informar el estado legal que guarda la posesión de las viviendas de los asentamientos indígenas en la ciudad de Chihuahua, así como las reglas aplicables a la ocupación de las mismas y de igual manera la información respecto a las herramientas que se ofrecen para la protección de los derechos de los pueblos indígenas en dichas comunidades.

Y a la Fiscalía General del Estado se lleven a cabo las investigaciones necesarias a fin de sancionar cualquier hecho derivado de las situaciones expuestas que pueda constituir algún delito en contra de las y los usuarios de los asentamientos indígenas, así como para dar puntual seguimiento a los casos que se hayan denunciado con anterioridad a este acuerdo.



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