La comisión de investigación para la verdad y la justicia estará integrada por representantes de las víctimas, CNDH y Ministerio Público federal
El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero desaparecieron en manos de policías municipales, estamos a tres meses de cumplir 5 años el caso y menos de 4 meses de terminar la administración Enrique Peña Nieto.
Es de recordar que a 33 días de lo sucedido, Jesús Murillo Karam, entonces producrador de la general de la república, en rueda de presentó “la verdad histórica” en donde se dijo que las víctimas habían sido incinerados en el basurero de Cocula, ese entonces señaló que se tenían avances del caso con la detención del entonces presidente municipal de Iguala José Luis Abarca junto con su esposa María de los Ángeles Pineda, quienes fueron señalados de enviar a los policías a detener los camiones en el que se transportaban los estudiantes.
En dicha rueda de prensa expresó que habían detenido Patricio Reyes Landa, Jonathan Osorio Gómez y Agustín García Reyes, quienes eran parte del grupo delictivo «guerreros unidos» y confesaron haber terminado con la vida de los estudiantes, señaló el entonces procurador de la PGR, Murillo Karam.
Más de 4 años han pasado, noches sin sueño, días de rezos, búsqueda de alguna pista y peticiones al gobierno de México para esclarecer los hechos, padres y madres de las familias de los 43 estudiantes finalmente han logrado que el Tribunal Colegiado de Tamaulipas ordenara el 4 de junio reponer el procedimiento del “Caso Ayotzinapa” y crear la comisión de investigación para la verdad y la justicia en el caso de Iguala.
En la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa la investigación no fue pronta ni efectiva, independiente e imparcial por parte de la Procuraduría General de la República, como lo exige la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como los protocolos adoptados por la Organización de las Naciones Unidas declaró el Tribunal Federal.
Por las graves violaciones a los derechos humanos, como lo son la tortura, desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales y debido a que se ordenó investigar la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno y además de no contar con una fiscalía independiente, el Tribunal determinó la creación de la comisión de investigación para la verdad y la justicia.
Así mismo establecieron que dicha comisión estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación siendo los dos primeros quienes decidirán la línea de investigación que seguirán y las pruebas a desahogar, además tendrán la facultad de validar la incorporación de otras organizaciones de derechos humanos de nivel nacional o internacional.
En cuanto a la reposición del procedimiento, el Tribunal solicitó al Ministerio Público presente dictámenes por peritos independientes que cumplan con lo previsto en el protocolo de Estambul para cumplir con lo previsto en el artículo 17 Constitucional y garantizar que no se repitan las graves violaciones de derechos humanos.
