Un análisis de la medida anunciada por el virtual presidente desde tres ángulos: financiero, político y jurídico
La esencia del periodismo es buscar siempre la verdad. Es por ello que luego de conocer la crítica hecha pública por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) respecto a la designación de coordinadores estatales del Gobierno Federal, seleccionados directamente por el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, el 11 de julio pasado, me aboqué a analizar los aspectos positivos y negativos de esa medida, desde tres ángulos: el financiero, el político y el jurídico.
No cabe duda, de que la designación de delegados de las diversas dependencias del gobierno federal a las entidades federativas representa una carga enorme para el erario público. Hay entidades en las que existen hasta 26 delegados que perciben sueldos arriba de los 100 mil pesos.
Es evidente también que históricamente el PRI y el PAN se valieron de esos delegados para ejercer control político en las entidades federativas vía la asignación o restricción de recursos federales en las diversas áreas y dependencias.
En ese contexto, la sustitución de delegados federales por un coordinador del gobierno federal en cada entidad, contribuirá efectivamente a acotar el despilfarro de recursos e impulsar la austeridad republicana.
Donde el asunto se embrolla es en lo jurídico y también en lo político.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que rige jurídicamente el país, fija con toda precisión los límites y define las relaciones entre los poderes de la federación: Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial; entre los tres ordenes diferenciados del gobierno: el Federal, Estatal y Municipal y entre éstos y los ciudadanos.
Si bien es cierto que López Obrador ganó la elección presidencial con un alto porcentaje de votos, ello no le da derecho a designar a su libre albedrio coordinadores estatales (vicepresidentes, vicegobernadores o comisarios políticos, como les llaman sarcásticamente los que están en contra) la mayoría de los cuales son ex candidatos a gobernadores, dirigentes de Morena, senadores o diputados electos, lógicamente afines políticamente a AMLO pero carentes de una trayectoria administrativa.
Políticamente es un grave error, una versión paralela a las que hacían el PRI y el PAN. Ciertamente los coordinadores estatales de AMLO, no recibirán sueldos iguales a los delegados, pero si prebendas políticas similares.
La forma de gobierno sigue siendo republicana, representativa, democrática y federal, normas constitucionales que dan sustento al Estado de Derecho y a la organización de las instituciones en que el poder se asienta.
México es una nación diversa social y políticamente, además de pluri étnica, pluri lingüística, pluri cultural, con estados soberanos y municipios libres que son columna vertebral, del pacto federal del que forman parte.
Es evidente que el gobierno de la república, de los estados y municipios, no puede tener instancias o autoridades intermedias entre un poder y otro, que lesionen su autonomía, suplanten o mediaticen sus facultades constitucionales e invadan su esfera competencial.
No por nada, organismos como la Convención Nacional de Gobernadores (CONAGO) o la Conferencia Nacional de Municipios de México (CONAMM) – para ejemplificar–, carecen de personalidad jurídica y por tanto sus resoluciones, acuerdos o propuestas no son vinculantes.
Por supuesto estoy de acuerdo con el Plan de Austeridad Republicana y combate a la corrupción que AMLO impulsa pero con estricto apego al derecho y la democracia.
Va a gobernar para todos los mexicanos, por lo que debe ser sensible a todas las opiniones. Esa es la mejor ruta para que el cambio de régimen que impulsa, no se trunque o lo que es peor, defraude las expectativas de los ciudadanos.
La socialdemócrata alemana Rosa Luxemburgo, lo dijo de manera muy clara:
“Sin libertad de prensa, sin libertad de expresión y reunión, sin la lucha libre de opiniones, la vida de todas las instituciones públicas se extingue, se convierte en una caricatura de sí misma en la que sólo queda la burocracia como elemento activo”.
El presidente electo tiene la responsabilidad de cuidar que eso no ocurra.
