Aún el aborto espontáneo es castigado con prisión: GIRE

El acceso a la interrupción por las causales que contemplan los códigos penales estatales es casi nulo y el aborto espontáneo es criminalizado: GIRE

A pesar de que en la ley de diversas entidades federativas contemplan supuestos en los que una mujer podría abortar, el acceso a dicha práctica es muy limitada. En Chihuahua sólo existen tres causas que excluyen el aborto como delito.

En el código penal de Chihuahua se excluye que el aborto pueda figurar como delito cuando el embarazo sea resultado de una violación, y sea realizado en los 90 primeros días de gestación. Otra de las causas excluyentes son cuando la mujer corra peligro y afecte gravemente su salud, según lo considere el médico acompañante. Y la tercera causa es cuando haya una conducta imprudente de la mujer embarazada.

El 25 de octubre, la diputada Lourdes Valles, de la bancada de Morena, presentó un posicionamiento de la Asamblea Marea Verde Chihuahua respecto a la despenalización del aborto.

En dicho texto se señalaba el tema de la criminalización de las mujeres que han pasado por un aborto espontáneo, y que las causales establecidas en los códigos de los estados no han sido respetadas. El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), asociación que da acompañamiento a las mujeres presas, ha expresado que México se encuentra entre los primeros lugares a nivel mundial en embarazo infantil y adolescente, siendo Chihuahua el primer estado de la República Mexicana con estas incidencias.

Actualmente GIRE registra cuatro casos de mujeres presas por aborto en el estado de Chihuahua, dos de ellas datan de 2013 y las restantes pertenecen a 2014, hasta el momento no existen más datos respecto a estos casos.

Abortos espontáneos son causa de criminalización y señalamiento a mujeres que los viven

Uno de los casos tratados por GIRE en su página es el de Paola, joven de 20 años de Aguascalientes, quien tenía un embarazo de 25 semanas cuando presentó fuertes dolores de vientre que la llevaron al hospital el 5 de marzo de 2014, fue entonces que el personal médico solicitó la intervención del Ministerio Público.

Al poco tiempo llegaron policías de investigación a interrogarla a ella y a su padre, quien la acompañaba. Ante la incertidumbre su papá buscó la ayuda de un abogado particular, pero el 17 de junio de ese mismo año recibieron un citatorio para que Paola se presentara a declarar. Al tener conocimiento del caso GIRE intervino y solicitó expedientes clínicos, los cuales les fueron negados.

En septiembre de 2014 la policía acudió a la casa de la joven con una orden en su contra, por lo que representantes de Paola decidieron interponer un amparo para conocer el motivo por el que la buscaban, sin obtener información alguna, ya que el Ministerio Público canceló el citato­rio correspondiente.

Paola vivió en la incertidumbre hasta que el 8 de abril de 2015 acudió al Ministerio Público en compañía de GIRE a solicitar información sobre su situación jurídica. Ahí, se obtuvo co­nocimiento de que desde el 17 de febrero de 2015 la Agencia Especializada en Delitos Familiares, Sexuales y Adolescentes había solicitado una orden de aprehensión en su contra por el delito de aborto doloso. El 17 de marzo, el juez de lo penal que conoció el asunto negó la petición de girar orden de aprehensión, por conside­rar que no había pruebas suficientes para comprobar el delito.

Lo anterior dejó marcada la vida de Paola de acuerdo con su testimonio a la organización, pues al salir a la calle era señalada por lo ocurrido. Asimismo, la familia exclamó haber sentido angustia en su momento por la situación de la joven, pues pensaron que sería encarcelada.

Este caso se repitió con Nicolasa y Ana María, en ambas situaciones fueron incriminadas, la primera tenía cinco hijos y la segunda dos hijas, ambas madres solteras, por lo que la incertidumbre fue también para sus hijos y quienes dependían de ellas económicamente.