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Desalojo ilegal a mujeres indígenas, mientras estaba en el hospital vaciaron su casa

Mas de 10 casos iguales en los asentamientos Carlos Arroyo y Díaz Infante

Durante la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, solicitaron audiencia un grupo de personas que rentan viviendas de los asentamientos indígenas Carlos Arroyo y Díaz Infante para denunciar graves violaciones a derechos humanos por parte de los administradores de la Asociación Cvil Asentamientos Tarahumares AC.

Un problema de salud llevó a Marcela a estar fuera de su casa varios días, pues su pequeña estaba internada en el hospital Infantil, sin embargo, cuando volvió a casa para su recuperación descubrió que ya no tenía un hogar a donde llegar.

El administrador del asentamiento había sacado sus cosas a la calle, como había llovido sus pertenencias se echaron a perder, sin embargo, Marcela sabía que nada se puede hacer, ella sabía que el administrador estaba molesto con ella, y ahora su miedo de quedarse en la calle se hizo realidad.

Antes de irse al hospital Marcela había tenido problemas con el administrador, algunas noches le reclamaba y la regañaba, sin embargo, Marcela habla poco español pese a tener algunos años que llegó de la sierra aún se comunica en su lengua materna y no entendía la razón por la que sufría regaños y gritos del administrador.

Desde hace mas de 5 años, esta no es una historia nueva en los asentamientos Díaz Infante y Carlos Arroyo, donde los derechos humanos e incluso derechos civiles han sido suprimidos al verles como “personas a educar” y no como ciudadanos.

Pese a las rentas que pagan quienes viven en dichos asentamientos, no tienen derecho a decidir cuestiones básicas de su vida, los administradores mantienen llaves de las viviendas y entran cuando ellos lo consideran violando todo derecho a la privacidad.

Hay un toque de queda y nadie puede entrar a su vivienda después de la hora señalada por el administrador, esto ha generado problema laborales, como es el caso de Genaro, quien trabajaba como velador pero tuvo que dejar su empleo para no perder su vivienda en el asentamiento por llegar después de la hora de queda.

Los administradores deciden con quien se puede casar una persona que vive en el asentamiento y con quien no puede convivir, eso aplica aunque las personas sean mayores de edad y es tal la intromisión de los administradores que son ellos quien decide quien será la autoridad tradicional en los asentamientos, violando los derechos de pueblos y comunidades indígenas que consagra la ley.

Si alguien es elegida como gobernadora sin la autorización de la administración esta persona puede perder su casa, sin mediar razón por lo que ya no podría ejercer el encargo para que la seleccionó la comunidad puesto que ya no viviría en ella.

Ante tales abusos, para los cuales no han recibido apoyo ni de la Comisión de Pueblos Indígenas del Estado ni la Fiscalía General del Estado donde no han sido atendidas por falta de una instrucción de un superior, el grupo de mujeres indígenas se presentó ante la Junta de Coordinación Política para solicitar el apoyo de sus representantes y resolver el problema de desalojos ilegales.



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