Comisión de Derechos Humanos del Congreso discutirá iniciativa para despenalizar el aborto en Chihuahua

La comisión inicial está integrada en su mayoría por panistas, dos de ellas feministas

En el orden del día de la sesión de hoy 12 de marzo del Congreso del Estado se informa que la iniciativa de reforma al Código Penal en el estado de Chihuahua para la despenalizar el aborto, presentada por la diputada del PT Deyanira Ozaeta, se turna a la Comisión de Derechos Humanos que preside el activista juarense Gustavo de la Rosa Hickerson.

La iniciativa para realizar reformas respecto a la política pública en materia de interrupción legal del embarazo fue presentada el 5 de marzo por la, también juarense, diputada Deyanira Ozaeta. Con dicha propuesta solicitó una reforma a la Ley Estatal de Educación, al  Código Penal del Estado de Chihuahua, así como a la Ley Estatal de Salud enfocado en eliminar penalización de prisión y reducir la coacción social sobre las mujeres que enfrentan la decisión de abortar.

La iniciativa se turna a la Comisión, integrada por 3 mujeres, dos diputadas de Acción Nacional: Blanca Gámez y Georgina Bujanda, ambas feministas a favor de derechos de las mujeres y representantes de la ciudad de Chihuahua; así como Leticia Ochoa, diputada de Morena, quien representa al décimo distrito de Juárez. La comisión también se integra por el coordinador de la fracción parlamentaria nacional Fernando Álvarez Monje  y es presidida por el diputado de Morena, Gustavo de la Rosa Hickerson.

La discusión de esta iniciativa presenta un reto para el análisis jurídico de la Comisión de Derechos Humanos respecto al reto de reducir el tema del aborto en el estado, las violencias que sufren las mujeres; así como las observaciones de los tratados internaciones y constitucionales entorno al tema que se ha convertido en una demanda de la sociedad.

La iniciativa invoca las recomendaciones realizadas por la Convención para Eliminar todas las Formas de Fiscriminación contra la Mujer (Cedaw): respeto a la doble victimización y criminalización de quienes deciden realizar una interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación.

El debate respecto a la iniciativa que se generará a partir de las siguientes semanas en la Comisión de Derechos Humanos es el segundo paso del proceso legislativo que se requiere para que una reforma llegue a la vida cotidiana de las personas. 

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