El administrador se negó a recibir pagos semanales, la renta se volvió impagable para ella
El caso de Eliza Ramírez Caro, es uno de los 10 casos de las mujeres que han denunciado el desalojo, hostigamiento y violencia de parte administrador de Eleazar Sánchez del asentamiento Carlos Arroyo, además de enfrentar una demanda interpuesta por la asociación Asentamientos Tarahumares, por no pagar los 200 pesos semanales.
Sin embargo, Eliza ha dicho que ella no pagó la cuota semanal y no porque no quisiera, sino que el 
administrador no le recibía el dinero, argumentándole que aún no le llegaban los papeles correspondientes del comodato, con ello poco a poco la deuda se empezó a acumular hasta llegar a los 22 mil pesos, esta cantidad es impagable para una persona que trabaja en apoyo doméstico y es madre soltera.
El día 20 de febrero se llevó a cabo el juicio de Eliza por la demanda que interpuso la Asociación Asentamientos Tarahumares en su contra, en donde se pide que ella firme un convenio con la asociación y comprar la casa en mas de 40 mil pesos o desalojar.
Tras estos casos de abusos se esconde un tema de implicaciones económicas mayores, las 64 viviendas que constituyen el Asentamiento, Carlos Arroyo fueron construidas mediante donaciones de FECHAC y otras fundaciones así como aportaciones gubernamentales que recibió la asociación de la entonces Cooridación Estatal de la Tarahumara, hoy COEPI y la Junta de Asistencia Social Privada; sin embargo ahora se pretenden vender en un precio entre los 42 y 75 mil pesos con lo cual se obtendrían 4 millones 800 mil pesos.
Actualmente el administrador del asentamiento recibe 12 mil 800 pesos semanalmente
Inicialmente las casas se entregaban en comodato a sus moradores y quienes daban una aportación de 20 pesos a la semana para el mantenimiento de las mismas, ahora sin mediar acuerdo legal desaparecieron los comodatos y se paga una «renta» a una asociación civil sin fines de lucro, que, además no realiza ningún tiempo de mantenimiento en la viviendas. Eleazar contesta a las inquilinas cuando le preguntan por reparaciones»pues quien vive ahí tu o yo» con lo cual argumenta no repararlas.
Esta supuesta renta, es también el arma de presiones y acoso de Eleazar, a quienes quiere desalojar no les recibe el dinero semanal como es el caso de las 20 mujeres que se encuentran en juicio, entre ellas se encuentra el patrón de que son mujeres indígenas jefas de familia con hijos pequeños. A Eliza le ofrecieron mil pesos para que desaloje y no se presente a las audiencia del juicio, ella teme por las condiciones para la vida de su una niña de tres años, pues es madre soltera y no tiene otro lugar donde vivir en la ciudad.
Mientras que el 7 de marzo se resuelve su estadía en el asentamiento, Eliza tiene que pensar en donde vivirá, pues no cuenta con el recurso suficiente para buscar casas de renta ya que de dedica a trabajar en labores domesticas en diferentes casas lo cual no le hace tener un ingreso seguro.
Las historias de desalojo de mujeres ralámulis aún siguen ante jueces del Estado, pero por las demandas interpuestas por la asociación Tarahumares las irregularidades en el asentamiento Carlos Arroyo, se repiten.
