Pese a que las viviendas no tienen papeles y son terrenos en comodato presidente de Asentamientos Tarahumares amenaza con desalojar a quien no compre la casa
Habitantes de los asentamientos Carlos Díaz Infante y Pájaro Azul organizados por sus gobernadoras Isabel Hernández y María del Refugio Romero Espino quienes hicieron un posicionamiento en la Cruz de Clavos para denunciar la imposición de la venta de viviendas además de las amenazas de despojo que han enfrentado por parte de la asociación Asentamientos Tarahumares hacia quienes viven en dichos asentamientos.
Señalan que el método que está usando el presidente de la Asociación, Eleazar Sánchez es amenazar con desalojos extrajudiciales a quien no le compre la casa.
Estas acciones son las mismas que la asociación utilizó en el asentamiento Carlos Arrollo, donde los desalojos llevaron al desamparo e incluso fallecimiento de personas, es necesario recordar las complicaciones que vivieron sobre todo Catalina y sus hijos. En este caso las consecuencias de del desalojo fueron el fallecimiento de uno de sus hijos quien tenía una discapacidad motriz, en tanto que su otro hijo que padecía de discapacidad intelectual y quien estuvo desaparecido por días.
En entrevista con la gobernadora del asentamiento Díaz Infante, Isabel Hernández señaló que desde hace dos años Eleazar Sánchez le había comentado que debían comprar las casas en las que estaban viviendo que de lo contrario debían dejarlas, entonces la gobernadora le enfatizó que no aceptaría dicho trato, el asunto quedó hasta ahí.
Pero en el mes de julio Eleazar Sánchez volvió a comentarle a la gobernadora lo mismo respecto a la venta de las casas, por lo que Isabel Hernández decidió hacer una reunión en el asentamiento, en el cual hay 36 casas. Las y los habitantes señalaron estar en desacuerdo con la propuesta, por ello la gobernadora decidió hablar con la gobernadora de Pájaro Azul, María del Refugio Romero para acudir ante las autoridades y denunciar dicha imposición.
En el asentamiento Díaz Infante existe la dinámica que consiste en pagar 25 pesos por vivienda cada semana, el dinero que se junta es utilizada para atender lo que se necesita dentro del asentamiento como mantenimiento de tuberías, atender desperfectos o áreas comunes. Asimismo las personas que viven ahí acatan las reglas y son responsables del aseo del asentamiento, se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas. De las dificultades que tiene el asentamiento es la falta de agua potable, la manera en la que obtienen agua es través de pipas que brindan servicio cada tercer día.
Isabel Hernández expresó que tanto ella como la gobernadora del asentamiento Pájaro Azul acudieron al Congreso del Estado para dejar una carta en donde solicitan a las y los legisladores intervengan en el caso ya que también están preocupadas que esta imposición de compra-venta donde se les obliga a adquirir un crédito ante institución financieras privadas sin el acceso debido a la información del proceso.
Ante ello el presidente de la asociación civil no solamente incurre en el incumplimiento de los acuerdos originales de la estadía de las personas en el asentamiento y además viola los derechos a la vivienda y a la dignidad propia de las personas ralámuli.
