El gobierno mexicano, tiene la obligación de investigar, así como garantizar una investigación independiente respecto al espionaje: Edison Lanza
Actualmente en México, se vive uno de los escenarios violentos en contra de los defensores de derechos humanos, líderes contra la corrupción y periodistas, recordando que el día 19 de junio del año 2017, se dio a conocer el espionaje a través de software a líderes de anticorrupción, defensores y defensoras de derechos humanos, así como a periodistas e incluso a una persona menor de edad.
Edison Lanza, relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos humanos, dijo que había una preocupación por la denuncia del espionaje contra periodistas y defensores de derechos humanos y de líderes de anticorrupción; por el impacto que puede tener en la privacidad de cada una de las personas, ya que una interferencia ilegitima siempre es complicada.
Por otra parte, expresó que en este caso el espionaje se dio a través de software que son invasivos y sin ninguna justificación aparente, a una amplitud de personas sin ninguna orden judicial en su contra. En este mismo sentido, Edison Lanza dijo que el Estado tiene una obligación, la cual es investigar y garantizar una investigación independiente, para determinar de dónde provienen las invasiones y sancionar a los responsables. Señaló que esta es la única manera de eliminar la situación de riesgos.
Durante la visita de Edison Lanza y Jan Jarab, representante de la ONU, se realizó un foro de consulta de periodistas en donde se vieron temas de mecanismos de defensa y protección de los defensores de derechos humanos en el ámbito nacional e internacional, así como la protección a periodistas.
En este sentido se habló del principio nueve de la Declaración sobre la Libertad de Expresión que aprobó la Comisión Interamericana de los derechos Humanos, en el año 2000, en donde establece que el asesinato, secuestro, intimidación amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción de los materiales de los medios de comunicación viola los derechos fundamentales de las personas y obstruye severamente la libertad de expresión. Por lo anterior el Estado tiene el deber de prevenir e investigar los hechos para sancionar a sus autores y asegurar a las victimas una reparación adecuada.
El día 26 de junio se dio a conocer el asesinato del periodista Salvador Adame, quien tenía más de 18 días desaparecido, así mismo el día 22 del mismo mes se dio a conocer que David Fuentes, reportero del periódico El Universal, quien cubría la fuente de la UNAM, había sido amenazado por una investigación sobre la venta de drogas en la universidad. En tanto que, en el Estado de Chihuahua, el 23 de marzo fue asesinada la periodista Miroslava Breach, quien formaba parte del periódico la Jornada, hasta el momento su caso no ha sido resuelto.
