Mineras en el estado generan 27 mil millones de pesos de ganancias privadas pero solo daños a quienes viven en esa comunidad
La Red en Defensa de los Territorios Indígenas de la Sierra Tarahumara (REDETI), emitió un posicionamiento respecto al derrame de desecho tóxico en el municipio de Urique, luego de que se reventara la presa de jale en la mina del Río Tinto, en este sentido exigen que se haga una auditoria ambiental a la empresa minera así mismo se remedie el daño ecológico ocasionado.
Las ONG´S que conforman la REDETI, piden al estado mexicano que realice una auditoria ambiental a la empresa minera y que se sancione a quienes resulten responsables. Hubo pérdidas de vidas humanas y daños ambientales. Señalaron también que desde meses se han pronunciado en contra de las actividades mineras ya que son una de las causas de los despojos de territorios a comunidades indígenas, violación a los derechos humanos, daños ambientales y daños a los mantos acuíferos.
Las organizaciones civiles señalaron también que, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el 2015 que en México existían una gran cantidad de mineras que se situaban en los territorios indígenas, sin el consentimiento de las comunidades y se identificaba la violencia relativa a grandes proyectos autorizados sin consulta previa.
Los municipios con mayor número de concesiones trabajando son: Ocampo y Urique con 7, Guadalupe y Calvo 5, mientras que Batopilas, Chínipas, Maguarichi y Uruachi solo tienen una. La entidad es el tercer productor de oro a nivel nacional, ocupa el segundo lugar en la producción de plata, plomo y zinc y cuarto lugar en producción de cobre en el país.
En Chihuahua hay 64 compañías con proyectos en exploración, 80% canadienses
Por todo lo anterior las demandas que realizan las diferentes organizaciones civiles integrantes de la 
REDETI es que el Estado priorice el respeto y resguardo de los territorios indígenas frente a la Ley Minera y la Reforma Energética, implicando su revisión tendiente a la derogación de aquello que atente contra los derechos de los pueblos indígenas.
Que las dependencias del Gobierno Federal se abstengan de otorgar más concesiones o procedan a suspender y cancelar concesiones mineras o de aguas, licencias de construcción de obras de infraestructura o turísticas, permisos de aprovechamiento forestal que impactan territorios indígenas si no se cuenta con estudios de impacto ambiental y comunitario, con perspectiva sistémica y con el consentimiento expreso de las comunidades afectadas otorgado conforme a los estándares internacionales.
Que se remedie lo antes posible el daño ecológico, pues la explotación minera a cielo abierto es sumamente dañina para el medio ambiente, para la flora, fauna y las personas que habitan cerca de las minas.
Que se haga una auditoria ambiental a la empresa minera responsable, misma que debe resarcir los daños que su actividad ha originado en la zona; se revisen los estudios de impacto ambiental presentados por la misma y que ellos estén en orden en cuanto a tiempo y forma de operación.
En caso de comprobarse que la minera operaba sin un permiso de impacto ambiental, se sancione a los responsables, se suspenda la concesión y se realicen los procesos legales conducentes para expulsar del territorio a la empresa, así como que se investigue a funcionarios públicos implicados.
Ofrecer información inmediata y veraz sobre los hechos; se den atención médica y hospitalaria de calidad a los sobrevivientes del siniestro y la reparación del daño a todas las familias afectadas por el mismo, no cesar las actividades de búsqueda de los compañeros desaparecidos tras el derrumbe de la presa.
Tanto el Gobierno Federal, como el Gobierno del Estado de Chihuahua hagan valer la ley y protejan los derechos humanos y ambientales de las y los mexicanos; que dejen de privilegiar a las empresas mineras transnacionales a costa de la vida de las y los ciudadanos, del medio ambiente y los recursos naturales, la riqueza de nuestro país.
Expulsar del país a estas empresas por homicidas y escocidas; que se les multe por violar la ley; reparar los daños y ofrecer una disculpa pública, así como la destitución y sanciones a los funcionarios federales y estatales responsables del incumplieron con la ley.
