Tras 17 años de los feminicidios en Campo Algodonero Cd. Juárez, los funcionarios fueron a prisión por omisión y negligencia violando el debido proceso
La Fiscalía General del Estado capturó a José Manuel O. A ex subprocurador de justicia de Ciudad Juárez, Jesús Manuel G. G. y Jaime G. S. ex funcionarios, acusados de los delitos de abuso de autoridad e imputaciones falsas dentro de las investigaciones efectuadas en el año 2001, relacionadas a las víctimas del campo algodonero.
Es de recordar que el 4 de noviembre de 2007 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentó de conformidad con los artículos 51 y 61 de la convención Americana sobre Derechos Humanos, una demanda contra los Estados Unidos Mexicanos respecto al caso campo algodonero.
La demanda se relaciona con la supuesta responsabilidad internacional del Estado por “la desaparición y posterior muerte” de las jóvenes González, Herrera y Ramos, cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez el día 6 de noviembre de 2001.
De acuerdo a la sentencia del caso González y otras vs México, se responsabilizó al Estado por la falta de medidas de protección a las víctimas, así como la falta de prevención de dichos crímenes, ya que pese al conocimiento de la existencia del patrón de violencia de género que había dejado mujeres y niñas asesinadas y también la falta de respuesta de las autoridades frente a la desaparición, la falta de diligencia en la investigación de los asesinatos, así como la denegación de justicia y la falta de reparación adecuada.
De acuerdo a datos proporcionados en la sentencia de caso González y otras vs México que de los 370 homicidios identificados en el 2005 el 30% eran identificados con características con patrón conductual similares, es decir, 113 casos.
Respecto a los procesos que llevaron a cabo las autoridades de Cd. Juárez para dar solución a la problemática se presentaron demora en la iniciación de las investigaciones, lentitud de las mismas o inactividad en los expedientes, negligencia e irregularidades en la recolección y realización de pruebas y en la identificación de víctimas, pérdida de información, extravío de piezas de los cuerpos bajo custodia del Ministerio Público y la falta de contemplación de las agresiones a mujeres como parte de un fenómeno global de violencia de género.
De las irregularidades ocurridas en el caso fue la arbitrariedad de la asignación de los nombres cada uno de los cuerpos los cuales tenían nombre y apellidos a pesar de que no había pruebas científicas que lo pudieran corroborar, así mismo se indicó que en el momento se dictó auto de formal prisión en contra de dos inculpados, Víctor Javier García Uribe y Gustavo González Meza a quienes finalmente fueron liberados por la probable expediente ilegal con la que fueron asignados sobre los casos.
De acuerdo a testimoniales de familiares de víctimas, la primera vez que acudieron a interponer la denuncia, las autoridades emitían comentarios como “no está desaparecida, anda con el novio o anda con los amigos de vaga” “si les pasa eso es porque ellas se los buscan, porque una niña buena, una mujer buena, está en su casa” “seguro se fue con el novio, porque las muchachas son muy ‘voladas’ y se avientan a los hombres”.
Por lo anterior es que el día 23 de marzo se llevó a cabo la detención del ex subprocurador, así como de los ex funcionarios públicos a través de una orden de aprehensión, obsequiada por un juez del Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos y ejecutada por la Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación.
Las personas detenidas ya fueron trasladadas a ciudad Juárez y puestas a disposición del juez que los requiere para el desarrollo del proceso penal correspondiente por averiguación previa que se inició por queja y denuncia de familiares de las niñas y mujeres, víctimas del campo algodonero, documento en el que señalan fallas en el debido proceso legal y de las obligaciones de los funcionarios.
