Iniciativa enviada a comisiones busca también tipificar la violencia obstétrica en la Secretaría de Salud
La diputada Ana Estrada, de la bancada de Morena, este 23 de octubre presentó una iniciativa con carácter de decreto con la finalidad de reformar varias leyes para garantizar el empoderamiento femenino y el libre ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. En la apertura de su discurso, señaló que es necesario dejar las palabras y pasar a las acciones.
Como una de las principales reformas, propone la integración del Consejo Estatal para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Planteó que de los cuatro espacios que ocuparán integrantes de organizaciones civiles que trabajen para y con las mujeres, se les dé un determinado tiempo para pertenecer al consejo, que en este caso serían tres años, con la finalidad de que más personas puedan pertenecer y participar en el consejo.
Asimismo, propuso integrar a la Secretaría de Salud, pues consideró que tratándose de la protección de la salud de las mujeres no se puede permitir ninguna omisión ni legislativa, administrativa o gubernamental. Además, que al ser el Tribunal Superior de Justicia uno de los órganos más importantes en la repartición de justicia, es necesaria la representación de ésta en el consejo a través de una de las magistradas, quien será designada por el Consejo de la Judicatura.
Homologarán las atribuciones de la Secretaría de Salud Estatal a la Federal para atender la violencia obstétrica
La propuesta se centra en el artículo 35 BIS, que corresponde a la Secretaría de Salud, en el apartado que señala la disponibilidad presupuestaria, de tal manera que se pueda garantizar que los servicios de salud cuenten con los establecimientos, bienes, servicios de salud y personal capacitado e idóneo que contribuya a asegurar el derecho de la mujer embarazada y que ha dado a luz recientemente.
En otra de las fracciones, indica que es necesario promover tanto en el sector público como en el privado la reducción en el número de cesárea, hasta llegar a los estándares recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En el tema de la violencia obstétrica, refiere la necesidad de capacitar y sensibilizar al personal del Sector Salud para prevenirlo. De la misma manera ejecutar las acciones de información y difusión dirigida al público en general, en la que se incluyan los derechos con los que cuentan y los medios administrativos y judiciales, para hacer del conocimiento de las autoridades los actos de violencia obstétrica, considerando las lenguas indígenas que se habla en la entidad.
Otra de las medidas sería establecer el mecanismo de monitoreo y sanciones administrativas con la finalidad de visibilizar y sancionar dicha violencia, la importancia de la promoción de los servicios especializados de atención a las víctimas.
Partida presupuestal para género en la Secretaría de Hacienda
Por lo que respecta en la propuesta de reforma a la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la legisladora, apuntó que los cambios se centran en el artículo 35 QUATER, adicionando las fracciones I, II, III y IV. En el punto dos establece que se debe asesorar a las dependencias integrantes del Consejo Estatal para asegurar la transversalidad de género en la elaboración de las partidas presupuestales, destinada al complimiento de las atribuciones de dicha ley.
Reformarán la ley orgánica del Poder Judicial de Chihuahua para introducir perspectiva de género
Como parte de la transversalidad de la perspectiva de género, la legisladora propuso establecer como obligatoria la perspectiva de género en la impartición de justicia, para ello se le otorgará a la Unidad de Género y Derechos Humanos del Poder Judicial para su buen funcionamiento.
Se planteó también otorgarle atribuciones a esta unidad, tales como verificar la incorporación y transversalidad de la perspectiva de género en la planeación, programación y presupuesto anual del Poder Judicial; coordinar la formación, capacitación y certificación del personal en materia de género e igualdad sustantiva. Establecer y concretar acuerdos con las unidades responsables del Poder Judicial para ejecutar las políticas, acciones y programas de la materia; coordinar la elaboración de un plan de acción para la igualdad en el Poder Judicial, planificar y promover estudios e investigaciones para instrumentar un sistema de información, registro, seguimiento y evaluación de la situación de mujeres y hombres en el ámbito de su competencia.
Así como la coordinación en el sistema de registro para que incorpore indicadores que faciliten el monitoreo de las tendencias socio-jurídicas de la violencia contra las mujeres y del acceso de las mujeres a la justicia, siendo las más importantes. Aunque también establecer como requisito que quien ocupe la titularidad de la unidad tenga conocimientos acreditables en la materia.
Planteó, además, que el Instituto de Formación y Actualización Judicial (Inforaj) deberá incorporar en los exámenes de carrera judicial, así como en los concursos de oposición, temas relacionados con la perspectiva de género.
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