Cuentas de la Secretaría de Desarrollo Social con convocatorias de apoyos económicos sin bases claras, faltas al procedimiento de operación y sin elaboración de dictámenes
Dentro del documento de la Cuenta Pública del Estado se liberó el ejercicio fiscal de la Secretaría de Desarrollo Social, a cargo del doctor Víctor Quintana Silveyra, del periodo del 1 de enero al 31de diciembre de 2017, junto con los señalamientos de irregularidades y faltas en los procedimientos de egresos de esta dependencia.
Uno de los programas principales de la Secretaría de Desarrollo Social fue el de Pensiones para Adulto Mayores, el cual supuso un gasto de $152 millones 544 mil 472, de la dispersión por grupo financiero Banorte. Estas pensiones fueron entregadas mediante retiros electrónicos.
Sin embargo, estas se entregaron de manera discrecional, sin que se hiciera una convocatoria que estableciera las bases y requisitos para ser beneficiario. Y según lo apunta la observación 069, esto contravino con el principio de compensatoriedad.
Dentro de este mismo programa,pero dando el apoyo mediante Sí Vale México SA de CVB hubo un gasto de 14 millones 716 mil 230 pesos, del cual no se elaboró el dictamen de procedencia correspondiente a la contratación de servicios de la empresa según la observación 070. Lo que significa que no se cumplió con la obligación establecida a miembros del Comité de Adquisiciones.
A esta empresa (Sí Vale México SA de CV) y este mismo programa (Pensión para Adultos Mayores), se le sumó otro gasto de 14 millones 716 mil 230 pesos, en esta acción no se efectuó el procedimiento de licitación siendo que el gasto supera lo marcado por la ley.
Fueron destinados 5 millones de la Secretaría de Desarrollo Social a Paz y Convivencia Ciudadana AC. Para seleccionar a las organizaciones que se apoyaría se emitió una convocatoria para la sociedad civil de la franja fronteriza para proporcionar servicios de cuidado y desarrollo de niños y niñas.
La observación 073, señala que se efectuó la convocatoria sin tener las reglas de operación del programa de cuidado y desarrollo integral de niñas y niños vigente, por lo que la secretaría tiene una falta de control en la relevancia y orden de los documentos que norman la operación de los programas para otorgar apoyos económicos.
En las casas de cuidado diario infantiles de Ciudad Juárez se registraron 5 millones 53 mil 209 pesos, el cual presentó la misma falta que el caso anterior sobre no tener las reglas de operación del programa de cuidado y desarrollo integral de niñas y niños vigente.
Además estos apoyos fueron entregados de manera discrecional sin que se hicieran del conocimiento de la población en general las bases y requisitos para ser beneficiario. La misma observación se presentó en los 2 millones 991 mil 932 pesos destinados a Ciudadanos Comprometidos con la Paz AC.
Se presentaron pagos injustificados a asociaciones civiles por parte de un convenio con la Secretaría y Gobierno del Estado
De los 3 millones entregados a Desarrollo Comunitario Santa María AC, se observó dentro del convenio donde entró también Gobierno del Estado, que fue un pago injustificado por no contar con el sustento legal que justifique el apoyo.
A su vez por convenio entre Gobierno del Estado, la Secretaría de Desarrollo Social y la Asociación USMC Strategic Alliance AC se dieron 6 millones 797 mil 500 pesos a la asociación civil. Apoyo que fue entregado de manera discrecional sin que se contara con reglas de operación vigentes que se hicieran del conocimiento de la población en general, las bases y requisitos para ser beneficiario.
De Vida Integral para la Mujer AC se realizó un convenio de concertación por 4 millones 571 mil 359 pesos. En el documento se observa que este apoyo fue entregado de manera discrecional sin que se contara con reglas de operación vigentes.
Con esta misma asociación se tuvo otro convenio de concertación por 720 mil pesos. Contando con la misma falta que contraviene el principio de compensatoriedad establecido en referido informe técnico de resultados.
A su vez, hubo otro convenio por un millón 90 mil pesos con la asociación Derechos Humanos Integrales en Acción, que presenta falta de control en la relevancia y orden de los documentos que norman la operación de los programas para el otorgamiento de apoyos económicos para el bien social del citado informe técnico de resultados.
A su vez hubo observaciones de este tipo en los convenios de discertación con Sevastu AC y Centro de Acción de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, por 620 mil pesos y 300 mil pesos, respectivamente. Estas fueron las observaciones establecidas por la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado.
